Ley 21.595
La nueva ley sobre Delitos Económicos (Ley 21.595) recientemente publicada trae importantes cambios a la legislación penal vigente, principalmente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, por cuanto amplía la responsabilidad penal que pesa sobre ellas.
En efecto, se han incorporado nuevos delitos respecto de los que deberán responder penalmente las personas jurídicas y se han liberado los requisitos de imputación penal, esto es, solamente se requerirá que la conducta sea cometido por un agente de la compañía aun cuando el delito no sea cometido en beneficio de esta. Lo anterior trae consigo un aumento considerable en el riesgo de comisión de delitos penales para las empresas.
Los modelos de prevención de delitos de las empresas existentes hasta la fecha han versado sobre pocos delitos y con bajo riesgo de comisión. Sin embargo, con la nueva legislación surge un importante desafío a las personas jurídicas quienes están obligadas a elaborar nuevos y mejores modelos de prevención de delitos que cubran el mayor número de riesgos penales y se adecúen a la nueva legislación penal.
Por lo anterior, no basta con tener un modelo de prevención de delitos, sino que se requiere que este sea inteligente, lo que se logra a través de una eficiente gestión de los numerosos riesgos penales y con un control efectivo del cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas por la compañía.